El juicio terrenal que complica al padre José Miguel San Martín, párroco de la iglesia San Francisco.

¿He pecado, señor?

Sacerdote franciscano es investigado en el 8° Juzgado del Crimen de Santiago por una presunta apropiación indebida, en perjuicio de dos tías nonagenarias que permanecen internadas en un hogar de la Octava Región perteneciente a la Orden. Mientras, el religioso mantiene una enconada lucha en la justicia civil contra tres familiares que demandan una “aclaración de cuentas” y el regreso de las ancianas.

Por Marcelo Garay Vergara.

Al sacerdote José Miguel San Martín se le vio sonriente a la salida del Centro de Justicia, a principios de abril pasado. Vistiendo su sotana de capucha café, cinturón de cuerda y sandalias, por esos días concurrió hasta el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago para la formalización de la querella que interpuso por injurias y calumnias contra Eugenio Cabezas, su hijo Aldo y Gema Espinosa, tres familiares que lo demandaron ante la justicia civil para que rindiera cuentas por la venta de un departamento de calle Lira 41, propiedad de sus tías Ana Yolanda y María Águeda Cabezas Herrera, de 89 y 91 años, respectivamente. Pese a que el religioso rindió cuentas ante el Décimo Juzgado Civil, el tribunal derivó la causa al 8° Juzgado del Crimen capitalino, “para que se investigue una inminente apropiación indebida”.

Durante la audiencia la abogada del franciscano, Marcela Mella, acusó a los imputados de “ser parte de una campaña de desprestigio en contra del sacerdote”, pero sólo se limitó a hablar de “un grupo de personas concertadas”, argumento que fue calificado como “generalidades” por la parte querellada y llevó al juez de Garantía a realizar una nueva formalización el pasado jueves 3 de mayo. Ese día el sacerdote no concurrió a la cita y el magistrado dejó sin efecto la querella. El juicio seguirá su curso en la justicia del crimen.

“Dueña exclusiva”

La venta del departamento, habitado por más de 30 años por las ancianas, fue parte de una compra de un paño que realizó la Pontificia Universidad Católica para construir dependencias del hospital clínico de esa institución. En la transacción las hermanas Cabezas fueron representadas por el sacerdote, quien a su vez delegó en la abogada Mónica Squella Rojas. La venta fue fijada en 60 millones de pesos y la UC accedió a la condición de las hermanas de seguir viviendo en el sector, y en parte de pago les entregó un departamento en calle Diagonal Paraguay 254, más artefactos de línea blanca, adquiridos por un monto total de 29.925.000 de pesos.

El saldo, de 30 millones y fracción, fue depositado en la cuenta de ahorro de las hermanas Cabezas, según consta en el acta de compraventa, repertorio 1.797, celebrada el 21 de septiembre del 2004. El documento consigna además que “La presente escritura fue extendida y redactada por la abogada doña Mónica Squella Rojas”, quien recibió un vale vista por 275.000 pesos, por honorarios, y un segundo por 500 mil pesos, destinados a “la compra de ropa de camas y otros”.

En el nuevo departamento las ancianas vivieron cerca de dos meses, según los familiares y amistades, aisladas. De ello da cuenta Olga Ramírez en una carta que dirigió a la familia, en la que asegura que sólo consiguió visitarlas en una oportunidad y que luego le fue prohibido el acceso por una orden la administración del edificio.

“Cuando supe donde estaban fui a visitarlas y ellas me dijeron que les habían dicho que iban a Viña por unos días. La segunda vez me prohibieron la entrada, porque sólo se permitía la visita de “ciertas personas anotadas en una lista. Me  llamó la atención que los jóvenes de la portería comentaban que las viejitas estaban abandonadas”, asegura en su misiva.

De acuerdo a la denuncia de los familiares contra los cuales el padre San Martín se querelló por injurias y calumnias, el 6 de diciembre de ese mismo año las ancianas asistieron a otro trámite legal ante el notario Félix Jara Cadot, titular de la 41ª notaría de Santiago, esta vez para vender el departamento de Diagonal Paraguay. La compradora, consta en la escritura repertorio 33364-04, fue la señora Celmira Filomena González Cabezas, madre del sacerdote franciscano. Según el considerando tercero del documento, la adquisición fue fijada en 27 millones de pesos “que se pagó y se pagará de la siguiente forma: con diez millones de pesos, con anterioridad a esta fecha, y el saldo de 17 millones, en diez cuotas iguales, mensuales y sucesivas de un millón setecientos mil pesos, cada una sin intereses a contar del 30 de enero de 2005 la primera de ellas”. ¿Puede un notario público dar su visto bueno a un pago "con anterioridad a esta fecha"?.

La certificación fue firmada presuntamente de puño y letra por las ancianas. Una hoja de oficio suelta, manuscrita y casi ilegible, y sin ningún sello legal que la avale, sirvió para ello. En el documento se sostiene que Celmira Filomena “constituye a favor de las vendedoras usufructo vitalicio sobre la propiedad en la suma de una millón de pesos, que las usufructuarias pagaron con anterioridad”. Y que “bastará al conservador de bienes raíces que corresponda, la exhibición del certificado de defunción de las hermanas, para alzar sin más trámites el usufructo, pasando la compradora a ser dueña exclusiva del inmueble”.

El actual Ministro Provincial de la Orden Franciscana de Chile, padre Rogelio Wootirs y monseñor Francisco Walker Vicuña, Vicario Judicial del arzobispado, habrían quedado al tanto de situación a través de sendas cartas que les fueron enviadas. Sin embargo, las misivas no han tenido respuestas, “porque creemos que al padre Rogelio lo han engañado y ni siquiera sabe de la querella contra nosotros”, advierte Aldo Cabezas. Ello es corroborado desde la propia congregación, donde algunos religiosos sostienen que “hay miembros del consejo que ante el padre Wootirs le han bajado el perfil del tema, diciéndole que se trata de un problema familiar”, cree los familiares de las señoras Ana Yolanda y María Águeda.

El Claustro

Vendido el departamento de Diagonal Paraguay el religioso franciscano envió a las nonagenarias a un asilo de calle Baden, en Ñuñoa. Sus familiares concurrieron hasta el asilo el 24 de diciembre de 2004, pero no se les permitió el ingreso. De ello quedó constancia en la 18ª Comisaría de Ñuñoa, cuyo personal debió acompañar el ingreso obligado. Durante su estancia allí Ana Yolanda debió ser atendida de urgencia por un golpe en la cabeza. Así consta en el parte de atención  Nº 252.674 de la Posta 4, recepcionado por Raúl Bosso el 4 de enero de 2005. Diagnóstico: “contusión antigua, herida cabeza cortante” (sic).

“Las visitas se sucedieron y pudimos palpar que mis primas estaban contentas de sentirse rodeadas, hasta que nuevamente se nos prohibió verlas, dado que se irían a veranear con el padre San Martín a las termas de Chillán”, afirma Eugenio Cabezas, primo de las abuelas.

El viaje de las abuelas fue hasta el Hogar de Ancianas “Jesús de Nazareth”, de las Hermanas Franciscanas de Purrolón, en la localidad de Pinto, a 25 kilómetros de Chillán, Octava Región, donde aún permanecen. Sus familiares intentaron visitarlas el 5 de mayo de 2005, oportunidad en que fueron atendidas por la hermana Estela, “de forma cordial y atenta”, según contaron.

Sin embargo, en una segunda visita el trato cambió. La religiosa se excusó diciendo que existía un horario inflexible y que las ancianas no podían salir del recinto. De esa nueva prohibición quedó constancia en la fiscalía de Chillán, en rol único causa N° 050.0173769-6, asignada al fiscal Pablo Fritz, y con ingreso en la Tenencia de Carabineros de Pinto, con rol 481030.

Voto de pobreza

Impedido de visitar a sus primas, Eugenio Cabezas puso al tanto de la situación al entonces Ministro Provincial Franciscano, Raúl Ayumán (hoy en Roma), con quien concertó una reunión en la que participó, por petición de los familiares, el padre San Martín. “En esa ocasión fue ofensivo y excomulgó a Gema” (sobrina política de las hermanas), asegura.

Tras el encuentro acordaron una visita sorpresa al hogar de Chillán, “para demostrarle las trabas en el ingreso”. Llegado ese día Cabezas concurrió en compañía de su esposa,Olga Ferrari, y su hijo Aldo. “Cómo está, padre”, habría dicho una monja a éste último, quien debió sacarla de su error. La visita duró aproximadamente 40 minutos.

"Las hermanas estaban en una sala de espera muy bien presentadas. Según su testimomio, el padre Ayumán no hizo más que hablar de las virtudes y cercanía del padre San Martín con el Papa Benedicto XVI, y de un libro que trabajaba acerca del Pontífice. Luego les consultó  a mis primas si estaban conformes con la administración de los bienes en manos del padre. Ellas respondieron que sí, porque ellas estaban informadas por José Miguel, de que el departamento estaba arrendado y que le les depositaba el dinero”, asegura Cabezas.

Molestos con la actitud del entonces superior jerárquico franciscano, le entregaron un documento que acreditaba la compra de una Renault  SM3, a nombre del padre San Martín, consignada en certificado de inscripción y anotaciones del Registro de Vehículos Motorizados, folio 00744385, del 18 de enero de 2005. "El padre Ayumán tomó el documento y, tras hojearlo, lo guardó en sus bolsillos. Luego de dos meses Gema Espinosa se contactó con él para consultarle sobre alguna resolución respecto del vehículo. Ya se vendió, respondió y cortó la comunicación", narra. 

El padre San Martín se niega a hablar del tema. Ante el tribunal civil aseguró que el automóvil fue adquirido para llevar a las ancianas a Chillán. En efecto, el Renault SM3 fue vendido. Eso sí, a petición del padre Wootirs, quien e una breve conversación le habría recordado el voto de pobreza comprometido ante Dios y las leyes de la Iglesia.

21-06-2007, 23:26:29 nochi


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